Como si la grave enfermedad del sistema judicial no estuviera claramente diagnosticada, cada día la ciudadanía es testigo de nuevas situaciones que demuestran, de la forma más descarada, que la justicia en Panamá es selectiva. Solo con un somero examen de los casos de alto perfil, tanto de corrupción como de delitos relacionados con drogas, la conclusión obligada es que el sistema solo alcanza a aquellos que no tienen influencias políticas para negociar beneficios o el poder económico para comprar libertades.
Hoy son muchos los políticos, funcionarios o ex funcionarios de alto rango, narcotraficantes y empresarios adinerados que se pasean libremente por las calles del país o viajan por el mundo sin restricción alguna, disfrutando de los dineros mal habidos, mientras que la administración de justicia agoniza lentamente.
Es lamentable que ninguno de los últimos gobiernos de la joven democracia panameña haya entendido las graves implicaciones que esta realidad podría tener sobre nuestra preciada estabilidad democrática.