Como ha sido obvio, desde que el Ejecutivo propuso la eliminación de la Policía Técnica Judicial para convertirla en dos instituciones separadas, las autoridades involucradas Policía Nacional y Ministerio de Gobierno y Justicia, por un lado; y Ministerio Público, por el otro no parecen ponerse de acuerdo. Y es que independientemente de los argumentos a favor y en contra, antes y después, la realidad es que ya hay una Ley de la República que debe aplicarse al pie de la letra para ejecutar una buena transición.
Sin embargo, es un error colocar los servicios de huellas dactilares y balística bajo el manto de la Policía Nacional, pues con ello se pone en juego la calidad de las investigaciones criminales, desconociendo las garantías que debe tener la ciudadanía en cuanto al profesionalismo y rigor científico en estas actividades.
El proceso de transición hacia la nueva estructura de investigación criminal ya ha sido suficientemente traumático. No nos arriesguemos a que el resultado sea peor de lo que teníamos.