La debilidad del Estado frente a los intereses privados es vergonzosa. Someterse al imperio de la ley no es negociable ni optativo, y Petaquilla Minerals no es la excepción. Por ser su actividad altamente peligrosa para el ambiente es que está obligada a cumplir la legislación sobre la materia. No puede una concesión privada que de paso extrae nuestras riquezas estar por encima del interés social.
Si ha violado la ley al comenzar obras y tala de árboles sin los permisos requeridos, no puede ahora pretender imponer condiciones para someterse a la normativa. La empresa tiene que hacerlo, así de simple. Y la Anam debe mantenerse firme, frente a posturas absurdas de quienes creen que una concesión equivale a poseer una patente de corso.
Para lograr salir del subdesarrollo, primero hay que respetar la ley, luego hacerla cumplir, y finalmente, imponer las sanciones que corresponda. En un estado de derecho, la ley no puede invocarse ni aplicarse en acomodadiza conveniencia.