En Panamá hay muchas razones para protestar. Lo que contraría es la forma en que algunos lo hacen. Si ponen cámaras de vigilancia en el Instituto Nacional, todos los ciudadanos tenemos que pagar por ello porque a un grupo de estudiantes no le gusta ser filmado.
Si una escuela tiene fibra de vidrio, los conductores deben sufrir el cierre de las calles por parte de padres de familia y estudiantes. Si suben los precios de los combustibles en el mercado internacional, en Panamá todos lo padecemos, pero los transportistas creen tener el monopolio del sufrimiento. ¿Qué obtienen con lanzarse a las calles?
Además de ganarse oficiosamente la ira de sus conciudadanos, lo único que logran es el repudio popular. De otro lado, el Gobierno tiene su cuota de responsabilidad en el caos que provocan los reclamantes, pues su deber es ponerle un alto al desorden callejero. No hay que olvidar que nuestra prosperidad se pone en riesgo cada vez que alguien cierra una calle.