Una de las misiones más importantes de los medios de comunicación es vigilar la actuación de los gobiernos, pues, casi por definición, no son transparentes; por el contrario, tienden a ocultar información. Tan es así, que ha habido que obligar a los funcionarios –mediante la creación de leyes– a entregarla. Y los casos en los que se ha negado información no son pocos: el más reciente de ellos es la cinta costera.
El Ministerio de Obras Públicas ha sido consistente en esta cuestionable actitud y por ello La Prensa ha sido insistente en su cobertura y en su solitaria labor de reclamar los detalles del proyecto. Se trata de una inversión de 190 millones de dólares que, además, será financiado por los vecinos del proyecto, quienes evidentemente no tienen mayores referencias, pues los datos oficiales revelados hasta ahora no han sido ni fluidos ni abundantes.
Para algunos, esto es un campaña malintencionada, para el resto, es información escasa e incompleta de un mega proyecto público tan turbio y costoso como engañoso.