Desde que Martín Torrijos asumió la Presidencia, ha coqueteado con el militarismo. Algo comprensible para quien se educó a la sombra de la dictadura, y rodeado del favor de capitanes y coroneles. Pero sus intenciones han tropezado una y otra vez con un férreo impedimento: la Constitución Política se lo prohíbe expresamente.
La carta fundamental prescribe el ejército, ordena que la fuerza pública esté bajo el inequívoco mandato civil e impide la concentración de los cuerpos armados. El Presidente, no conforme con llenar su gobierno de militares, de ir sustituyendo los uniformes policiales con vestimentas de combate, de las marchas castrenses, ha desafiado abiertamente la ley de la policía y del SPI, poniendo al frente de estas a uniformados.
Ahora pretende legislar para revestir el muñeco, bajo el falso argumento de que la inseguridad en las calles solo puede ser combatida con el auxilio de la fuerza militar. ¡Cuánta ironía! No olvidemos que la experiencia del resto de los panameños fue muy diferente a la del Presidente.