Las reformas propuestas para el Órgano Judicial, que incluye la creación de una quinta Sala, también implica el nombramiento de 14 nuevos magistrados –tres de los cuales serían magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el resto de tribunales superiores–. Los nuevos funcionarios causarían al Estado una erogación anual de más de un millón de dólares, solo en salarios, sin contar oficinas, personal de apoyo, vehículos, computadoras, etc.
En otras palabras, estamos hablando de una inversión importante y probablemente necesaria. El proyecto, no obstante, nos trae viejos recuerdos que no son gratos para nada. De ahí entonces la suspicacia, pues además, el proyecto surge cuando al actual gobierno le restan unos cuantos meses, lo que hace inevitable pensar que haya motivos políticos en el trasfondo.
Para disipar cualquier duda, los proponentes de las reformas y la Asamblea Nacional deben hacer una discusión amplia; llegar a consensos y respetar los acuerdos pactados. De otra manera, esta nueva Sala estará condenada a funcionar bajo la sospecha.