Cualquiera pensaría que el accidente infernal ocurrido en octubre de 2006 –en el que murieron calcinadas a la vista de todo Panamá 18 personas– habría sido suficiente para que el Gobierno Nacional ejerciera de una vez por todas la autoridad que tiene sobre el transporte colectivo.
Pero la incapacidad (o la complicidad) ha podido más y el transporte público es uno de los grandes fiascos que nos dejará la Patria Nueva. Ciento trece panameños muertos, y más de mil heridos, se han sumado a la tragedia de 2006, y ni la Autoridad de Tránsito ni la Policía Nacional (mucho menos los ex militares rescatados por Torrijos que, según él, son imprescindibles para el país) son capaces de contener a los transportistas ni regular el tránsito.
Por supuesto que tendremos tres días de “operativos” para adormecer la memoria hasta que, y muy pronto, una nueva desgracia enlute más hogares y el número de muertes continúe imparable, gracias a conductores inescrupulosos que gozan de la complicidad oficial y la maldita impunidad.