Nuestros jueces y magistrados, además de cumplir con los requisitos que exige la ley para ostentar el cargo, deberían ser de una probidad intachable. No puede alguien de moralidad cuestionada administrar justicia, como tampoco hace falta un código de ética para actuar con integridad.
Pero el Órgano Judicial lo tiene. Aprobado recientemente, está cargado de buenas intenciones, como casi todas las leyes del país. El problema es que la existencia de un cuerpo de normas éticas no garantiza su cumplimiento ni imprime credibilidad a la labor de impartir justicia.
Al contrario, el escepticismo que genera este nuevo código se justifica, pues hay magistrados señalados por prácticas corruptas o por actuaciones típicamente políticas y no jurídicas; y, en consecuencia, han convertido la Corte en cómplice activo de la impunidad. No hace falta un código de ética para actuar con verticalidad, pero sí valor para hacerlo con justicia. Y eso no se obtiene con retórica moralista.