Instituciones como el Tribunal Electoral –pilar de la novel democracia panameña– ponen en riesgo su buen nombre cuando actúan con displicencia ante casos que ponen a prueba su independencia frente a los poderes establecidos.
Uno de ellos es el reciente fallo en el que un magistrado y dos suplentes sobreseyeron a la secretaria del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Alma Montenegro de Fletcher, investigada por el supuesto uso de recursos estatales en proselitismo político a favor de la hoy candidata presidencial oficialista. El hecho fue acreditado en el expediente, pero, como siempre, un formulismo legal sirvió como excusa para evitar sanciones.
Ese fallo admite que había especulaciones sobre una candidatura para la Alcaldía de Panamá de Balbina Herrera, pero –añade– que por la inexistencia de un proceso electoral no se pudo configurar el delito de la que fue acusada Fletcher. Lo que había en el fondo de la denuncia fue soslayado por completo por los magistrados, olvidando que su fallo ha establecido un peligroso e inoportuno antecedente.