Hoy, por este medio, el presidente Torrijos se debe haber enterado de un hecho atroz, protagonizado por un miembro de su Gabinete. La separación inmediata del ministro de Gobierno y Justicia, si acaso antes el propio funcionario no la ha pedido, es un imperativo.
Las pruebas de un hecho tétrico, confirmado contundentemente por testimonios directos, son ofrecidas por primera vez al público luego de vencer décadas de silencio que los crímenes de la dictadura infligieron a la sociedad panameña.
Ahora en democracia, y a pesar de los vínculos y coincidencias con los protagonistas, el Presidente de la República tiene la obligación de brindar a los familiares de la víctima –y a los ex oficiales– las garantías suficientes para que la verdad de los hechos quede garantizada.