El Gabinete aprobó hace escasos meses los cuestionados decretos ley sobre seguridad nacional, para supuestamente hacer frente a la delincuencia común, pero más importante aún, a la organizada. Se supone que el resultado de sus pesquisas deben ser seguidas por el Ministerio Público, que es el organismo formal para hacer las investigaciones judiciales. Pero no tiene ningún sentido que estos decretos tengan vida, en tanto que el Ministerio Público carece de los fondos suficientes para llevar a cabo no solo lo que la Constitución y las leyes le imponen, sino la carga que supone la ejecución de la nueva legislatura.
La titular de la Procuraduría General advierte que con el presupuesto que le han dado para el próximo año, tendrá que solicitar créditos adicionales, lo cual evidencia fundamentos poco confiables en la elaboración del presupuesto. No es un secreto que la delincuencia ha aumentado y que ha colmado la capacidad de investigación del Ministerio Público. Entonces, queda claro que perseguir la delincuencia no fue el propósito de crear los decretos ley. Solo fue la excusa.