La institucionalidad pierde terreno ante el desacierto de los funcionarios que, con su omisión, dan cabida a suspicacias por un actuar con poco apego a la ley. Un gigantesco centro comercial que se erige en la periferia este de la ciudad ha causado desasosiego entre comunidades aledañas, pues decidieron desviar el cauce de una quebrada que aparentemente obstaculizaba el desarrollo del proyecto.
La consecuencia de jugar con la naturaleza provocó sorpresivas inundaciones por el nuevo “alineamiento” de las antes tranquilas aguas de la quebrada vecina, que arrasaron con los bienes de los desprevenidos residentes. Y ahora, ¿quién asume la responsabilidad? Si un simple ciudadano decide remozar su casa, debe contar con una serie de permisos –incluso municipales– antes de batir el cemento.
De lo contrario, tendrá inspectores que, sin miramientos, detendrán la obra y el atrevido ciudadano será multado. Ante este panorama, no se puede dejar de comparar: ¿la empresa contaba con esos permisos? ¿Dónde estaban los inspectores para evitar una obra ilegal? Ahora que el daño está hecho es cuando aparecen las autoridades. ¿Recuperarán los residentes su tranquilidad y bienes? Está por verse: será la institucionalidad frente al poder económico.