Del seno del Segundo Tribunal Superior de Justicia ha salido un precedente fundamental ante los reclamos de justicia de cientos de vidas segadas durante la dictadura. ¿Qué juez, realmente comprometido con una justicia efectiva, puede considerar que durante la larga noche de la dictadura el aparato judicial era capaz de juzgar a los militares?
Los magistrados del Segundo Tribunal no han hecho otra cosa que reconocer, en su decisión, los principios imperantes en el resto del mundo civilizado ante los crímenes cometidos por los tiranos, y que la república de Panamá se ha comprometido a acatar como signataria de innumerables convenios internacionales.
La prescripción no es oponible por el tiempo que vivimos al margen de un estado de derecho. Ahora toca que los jueces panameños hagan realidad en sus tribunales, las promesas de justicia que nuestro país pregona por el mundo y, sobre todo, saldar la enorme deuda que mantenemos con la memoria de las víctimas y el sufrimiento de sus familiares por el interminable calvario.