Lo que está sucediendo en el distrito de San Carlos, donde el alcalde ha otorgado cuanto permiso solicite una empresa vinculada al ministro de Vivienda para construir un complejo turístico, revela la purulencia de nuestra institucionalidad.
Los cargos públicos son utilizados sin recato alguno para el tráfico de influencias, para el amiguismo y para quién sabe cuántas otras cosas más. Los políticos, que debieran ser ejemplo de honorabilidad en el desempeño de sus funciones, no vacilan en pisotear la dignidad del cargo, y luego son los primeros en reclamar a sus críticos el respeto que ellos mismos desprecian.
Los ciudadanos estamos contra la pared, pues en muchos casos debemos elegir de la pobre oferta partidista los candidatos menos malos. Buena parte de este sabotaje al sistema es culpa del Presidente, cuya autoridad moral está ausente cuando miembros de su Gabinete se prestan y estimulan estas bribonerías. ¿Esa es la patria nueva que se imaginó? A seis meses de culminar su administración, aún supura la herida que nos prometió curar.