La irresponsabilidad en la administración de la cosa pública nos tiene a los panameños penando al salir a las calles, intentar llegar a nuestros trabajos, hacer diligencias, o peor aún, pretender recibir algún servicio de salud.
Todo ello, pues cada vez que algún grupo tiene una queja –sin importar la relevancia o irrelevancia de esta– decide cerrar alguna vía principal. Con ello logran su objetivo: llamar la atención de las autoridades, quienes solo entonces corren dizque a dialogar.
¡Pero a qué costo! El derecho a la libre circulación tiene que estar por encima de cualquier protesta y apelamos a esas mismas autoridades irresponsables a que actúen y demuestren –al menos por una vez– que no reciben su salario de gratis. Si atendieran los problemas antes de que colmen a los quejosos, el resto de los habitantes no tendríamos que sufrir, cruzar los dedos y encomendarnos a cuanto santo conocido y desconocido hay para que nos ayude a enfrentar el caos en las calles de la ciudad... ¡hasta cuándo!