El ejemplo más grotesco de una deficiente administración de recursos del Estado lo estamos viendo en las bananeras de Puerto Armuelles. Con una errática política de subsidios, en un descarado derroche de nuestros impuestos, el Gobierno viene pagando –sin propósito coherente– medio millón de dólares mensuales en salarios a una cooperativa de 2 mil 800 empleados, sin contar créditos concedidos por el Banco Nacional de 24 millones de dólares, invertidos en plantaciones que hoy son una pérdida.
En vez de gestionar un plan para salvar la empresa con la reconversión planificada y rentable de sus tierras, y así garantizar el futuro de los habitantes de esta región, nuestras autoridades permitieron el deterioro de toda la plantación, dejando en la desolación a sus empleados. Sin sustento ni subsidios ni alternativa agrícola viable, ¿cuál es ahora el plan para esas familias carentes? Quisiéramos oírlo.