Qué feliz coincidencia que, justo cuando la candidata presidencial del partido gobernante empieza a perder simpatías, el gobierno ordena redoblar esfuerzos –y despilfarrar nuestros impuestos– para divulgar las bondades, las obras y los logros de su gestión. Y para ello ha previsto gastar más del doble del presupuesto ejecutado el año pasado. ¿Calificaría eso o no como propaganda electorera?
El votante tiene la última palabra; pero mientras tanto, exigimos a las autoridades fiscalizadoras que se cumpla la ley, para que se respeten los límites de inversión publicitaria para las entidades públicas que establece la norma vigente, precisamente para evitar los súbitos incrementos de la pauta oficial durante la campaña política.
Este es también el escollo infranqueable que impide la firma del pacto ético electoral, porque es evidente que el PRD va a echar mano de cuanto recurso disponga para beneficio de su bandera política. Sin embargo, para lavar la imagen de esta administración, se necesitará bastante más que un pegajoso eslogan publicitario.