Buena parte del desorden que vivimos en la capital se lo debemos a las autoridades, pues no toman en consideración las opiniones de expertos o de urbanistas, y mucho menos las de los ciudadanos que se ven perjudicados por la torpeza o tozudez de los funcionarios que toman decisiones sobre estos temas.
Prueba de ello es que, aunque los ciudadanos debemos ser citados para expresar nuestra opinión sobre el cambio de uso de suelos en nuestras respectivas zonas residenciales, casi nunca nos toman en serio. Nuestra presencia en esos foros equivale a llenar un requisito, pero lo que digan los habitantes de la zona afectada es absolutamente irrelevante para el Ministerio de Vivienda, cuya cabeza es, precisamente, un promotor de bienes raíces.
Cuesta decirlo, y mucho más reconocerlo, pero los panameños estamos desprotegidos. Quienes están en el deber de apoyarnos, son en muchas ocasiones nuestros propios enemigos. Ya es hora de que cumplan con la ley y sus funciones. No somos un simple requisito. Somos los que les pagamos y a quienes les deben fidelidad. Somos su razón de ser en el puesto que ocupan.