El Presidente de la República sancionó la ley que hizo legal el dispendio por el “descuido” de sus funcionarios en la pérdida de las preferencias arancelarias frente a la Unión Europea.
Lo insólito del nuevo subsidio es que el Presidente y sus diputados se pusieron de acuerdo para hacernos a todos los contribuyentes responsables de la ineptitud en la conducción de los negocios de esa empresa llamada Estado.
Y en cambio, el gobernante ha premiado la negligencia al permitir que todos los responsables del desacierto continúen en sus puestos. Algo similar ocurrió en otra administración del PRD, cuando los que pagamos impuestos debimos asumir una indemnización porque el Gobierno vendió un terreno dos veces y la empresa perjudicada exigió la reparación respectiva.
Más vergonzoso resulta que los servidores públicos involucrados en la omisión causante de la millonaria pérdida, no han tenido una pizca de dignidad para –por lo menos– presentar su renuncia. Ya no hay dudas, el mensaje es claro: ningún funcionario es responsable por su incompetencia, los responsables son los que pagamos su salario.