La forma en que nuestros funcionarios negocian las concesiones estatales revela lo poco que les importa el interés público y lo mucho que influye el interés particular. El caso de la indemnización que pagó el Estado a la empresa de la candidata presidencial del PRD deja ver esta situación. Ese contrato era por 10 años y lo único que el Estado recibía en compensación por la concesión era un pago en renta de unos mil 250 dólares mensuales. Al cabo de los 10 años de concesión, las arcas públicas habrían recibido poco más de 150 mil dólares.
En cambio, la candidata recibió una indemnización que es el equivalente a 38 años de concesión, es decir, 573 mil dólares. Así es la manera en que nuestros políticos negocian la cosa pública, que no es otra, que la forma más burda de regalar el patrimonio ajeno o, más bien, el que creen suyo. No hay otra forma de decirlo: muchos políticos solo pretenden el poder para sacar provecho personal a costa de todos nosotros. Están allí para lucrar con el bien público, enquistados en las altas esferas del poder. Es imperativo que los panameños tomemos nota de todo esto y empecemos a exigir rendimiento de cuentas.