Semanas atrás, el Gobierno fue advertido. Varias compañías distribuidoras de buses señalaron que los plazos fatales para cumplir con los requisitos de la licitación del Transmóvil eran apremiantes. Contrario a lo que dicta el sentido común, la Autoridad de Tránsito convocó al acto público, con lo que limitó la cantidad de empresas que habrían participado, pues no podían cumplir en tan corto tiempo las exigencias del pliego de cargos. Y pasó lo inaudito: la empresa que propuso la oferta más baja, introdujo una fianza de garantía a nombre de una aseguradora que salió a desmentir que haya expedido tal documento.
Así, el acto público convocado para solucionar un grave problema se convirtió en un enorme escándalo. Quizá no sea culpa del Gobierno que la empresa haya presentado documentos espurios, pero aceptarlos sin validar su autenticidad solo refleja la falta de minuciosidad en el manejo de la cosa pública. Este es otro grave descuido que viene a alargar la nutrida e intolerable lista de errores que comete el Gobierno. Cada día que pasa, esta administración rompe sus propias marcas de ineptitud e incompetencia.