El Estado panameño debe una disculpa formal, pública y contundente por las atrocidades cometidas contra aquellas 110 víctimas asesinadas durante la dictadura militar. Es una deuda que tenemos con aquellos panameños, casi todos de la más humilde condición, que en algún momento de la oscura noche de la autocracia alzaron su voz contra la opresión o fueron diferentes al querer militar.
En democracia, ni la justicia ni los partidos políticos han sabido dimensionar en su justo sitial la trascendencia de ese gesto que, aunque simbólico, acarrea un arrepentimiento necesario y proyecta un mensaje de compromiso democrático devastador. Por pequeñeces insospechadas, el presidente Torrijos y su gobierno han perdido una oportunidad dorada para plasmar en la historia un gesto que, en él particularmente, encarnaría un significado extraordinario.
Ojalá en este caso su actuar hubiera sido diferente y nos hubiese honrado elevándose a la altura de un estadista que representa una Nación comprometida con los valores de la democracia y la justicia, apenada por las muertes ocasionadas en un pasado que aún nos atormenta, aunque prefieran ignorarlo.