El fallo divulgado hoy es una aberración total. La Sala Tercera de la Corte Suprema, en su intento por encubrir irregularidades de la administración Moscoso, deja un precedente funesto contra la transparencia, abriendo peligrosamente la puerta para que los crapulosos del futuro usen entes privados para canalizar fondos públicos, y así evadir la fiscalización oficial. Es un golpe durísimo a la institucionalidad y un estímulo a la desvergüenza.
Cuando la historia juzgue por qué la corrupción en Panamá llegó a niveles tan alarmantes en nuestros días, muchos magistrados –actuales y pasados– ocuparán las páginas del capítulo reservado a la impunidad. Una notable excepción recae en el magistrado Adán Arnulfo Arjona. Sus salvamentos de voto, emitidos consistentemente en los últimos años, han dejado constancia pública y contundente de los desmanes de la mayoría, señalando las huellas dejadas por las más desvergonzadas decisiones.