Las señales están a la vista, tan obvias, que no pueden ser ignoradas. Por tercera vez, el Estado panameño resulta condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El buen juicio de los tribunales de justicia panameños está en tela de duda, y aunque nada de nuevo hay en ello, sentencias como la emitida ahora confirman las sospechas.
Nuestros jueces y magistrados parecen responder a la presión de funcionarios que, sin medir consecuencias, están dispuestos a manchar la imagen del país solo para satisfacer sus mezquinos deseos de venganza o acallar la denuncia. Tales actuaciones son temerarias al tenor de la legislación internacional a la que Panamá está suscrita.
En esta ocasión, el Estado resulta condenado por el abuso de poder del pasado Procurador de la Nación, quien, de acuerdo con la sentencia, violó derechos a la vida privada del abogado Tristán Donoso. Si las autoridades judiciales siguen prestando la justicia para satisfacer la voluntad del poderoso, el nombre de Panamá seguirá sometido al escarnio internacional.