La implementación del programa Sume 9-1-1, que tomó más de dos años y cuyo objetivo pretende resolver en parte la problemática que existe en Panamá por la falta de servicios para atender las urgencias de la ciudadanía, ha tenido absurdos resultados.
Es lamentable que las mismas personas a quienes este proyecto debe beneficiar realicen llamadas telefónicas a las operadoras del sistema clamando urgencias que realmente no existen y así ocupando inútilmente un recurso tan importante. Peor aún es que en estos intentos burlescos de algunos majaderos se podría estar jugando la vida de quienes realmente sí requieren de atención inmediata.
Ante la situación caótica que vive actualmente el país en materia de atención de emergencias, el Gobierno debe introducir cuanto antes los correctivos necesarios para que la legislación que regula el Sume 9-1-1 incluya sanciones enérgicas para aquellas personas que lo utilizan inadecuadamente. Que el castigo sea severo para que de una vez por todas se evite que el chiste de algunos le cueste la vida a otros.