Estados Unidos hizo público su informe anual sobre Derechos Humanos y nuevamente pone de manifiesto la deficiencia de nuestro sistema de justicia, filtrado por la corrupción y amañado según los intereses de los mandamases de turno. Mientras nuestras autoridades judiciales no se den por aludidas, seguiremos con el lastre de una justicia parcializada y jugadores que cambian las fichas a su antojo y conveniencia, sabiendo que cuentan con el manto protector de jueces y magistrados.
Los pactos y esfuerzos de la sociedad civil no van a tener ningún resultado mientras no exista la voluntad de los regentes de hacer cambios profundos. La limpieza no es sutil, requiere remover la roña arraigada tras décadas de prácticas deshonestas. De esta manera, se estaría intentando, al menos, asegurar a los ciudadanos el mínimo derecho a un trato justo, equitativo e igualitario en cualquier controversia legal, independientemente de que en esta haya involucradas figuras allegadas al poder. Pero, de momento, esa anhelada garantía hoy todavía sigue siendo una lejana utopía.