Los rellenos de las orillas del mar en la ciudad de Panamá se han vuelto la costumbre en vez de la excepción. Con inadmisible regularidad, los ciudadanos somos testigos de rellenos sobre fondo marino que, además, parecen contar con el beneplácito de las instituciones del Estado que, en lugar de poner fin y sancionar ejemplarmente estas prácticas, más bien da la impresión de que las fomentan. Poco hacen las autoridades para desalentar a estos empresarios que infringen descaradamente la ley y que, sin ningún reparo, ponen en riesgo el balance ecológico de las zonas afectadas por sus proyectos.
Pero, para colmo, nuestros tribunales se encargan de que las obras continúen su curso, se desarrollen y, finalmente, para cuando dictan un fallo, los daños son irreparables e irreversibles. Así, los funcionarios se han convertido en el hazmerreír de numerosos empresarios que tienen la absoluta certeza de que siempre hay una puerta trasera por donde salir airosos. Con este panorama, la defensa, conservación y riqueza del ambiente panameño no pasa de ser una quimera.