Hay empresas que cuentan con el favor de gobiernos, que se traduce en generosos “ajustes” a los términos económicos de sus contratos o en la adjudicación directa de obras en las que la prioridad no es la economía del proyecto, sino la ganancia del beneficiado, que se lanza a hacer negocios con el Estado de la mano de influyentes funcionarios que le facilitan permisos o estudios, que cabildean el pago de sus abultados sobrecostos y hasta defienden sus deficiencias. Antes eran Ica y Pycsa, cuya influencia no cesa; ahora es Odebrecht, que acumula obras equivalentes a más del 10% del valor de la ampliación del Canal. Ante esto, la sospecha y la suspicacia emergen: ¿qué más hay para Odebrecht? El descaro es ilimitado.