La lógica y los hechos –todo, absolutamente todo– indican que Panamá está en grave riesgo en cuanto al financiamiento de sus campañas electorales. El peligro nos acecha hace años y no importa cuántos escándalos han sido destapados, la clase política unánimemente ha encontrado la forma de mantener a escondidas el origen de quienes donan a sus campañas. Las campañas son el inicio de la gran “subasta” por el poder que se da cada cinco años, y de la cual quieren sacar máximo beneficio a costa de la transparencia y la honestidad.
Hoy los observadores internacionales, con acierto y objetividad, han vuelto a señalar lo que la sociedad civil panameña reclama hace años: las donaciones no pueden seguir siendo el secreto mejor guardado. El propio Tribunal Electoral, que hace años consiguió millonarias sumas para “subsidiar” a los partidos políticos a cambio de que las contribuciones privadas se hicieran públicas, ha quedado burlado, ya que estos tomaron prontamente el dinero de las arcas nacionales y archivaron lo que justificaba el millonario derroche, que no es otra cosa que la tan marchitada transparencia.