Es parte fundamental de la labor periodística, investigar el uso de los recursos públicos. Con más razón, si dichos fondos salen de cuentas discrecionales como el FES y el FIS, beneficiando apartadas carreteras que, coincidentalmente, pasan al frente de fincas de altos funcionarios de un gobierno. ¿Cierto? Pues resulta que un juez acaba de condenar a dos años de cárcel a un periodista que hacía precisamente eso, reportar a la ciudadanía la construcción de una carretera que pasaba, nada menos, al frente de propiedades adquiridas por el entonces ministro de Gobierno y Justicia.
El juez, con su decisión, ha dado un duro golpe a la fiscalización pública, consiguiendo complacer las pretensiones de quien entonces era ministro y hoy es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el tipo de justicia que se administra en Panamá, severa contra el periodista que tuvo que atravesar la finca del ministro o se atreve a denunciar irregularidades, pero indolente ante los criminales de cuello blanco que con dolo y ventaja, saquean nuestro país impunemente desde las más altas esferas del poder.