Un gran espaldarazo merece el acuerdo aprobado la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia, en el que se permite la suspensión de funcionarios judiciales cuando se descubran –mediante auditorías judiciales– anomalías manifiestas o faltas graves. Celebramos la medida porque finalmente se podrá poner coto a la desfachatez con que se manejan algunos despachos judiciales.
Entendemos que se trata de una cesación que busca garantizar la pureza de las investigaciones que se inicien en torno a la conducción de los negocios y procesos judiciales. Y es que es un bochorno que en algunos juzgados, en vez de impartir justicia, los casos sean engavetados con aviesas intenciones. Además, el acuerdo no es una patente de corso para arrancar una cacería de brujas, pues el presidente de la Corte debe sustentar la solicitud de suspensión de los funcionarios investigados, cuyo proceder sea palmariamente irregular. Confiamos en que, frente al nuevo escenario, los procesos de investigación culminen con sanciones ejemplares que por fin consigan desterrar la corrupción judicial que carcome al sistema.