Los ciudadanos necesitamos un foro que se ocupe de velar por los derechos básicos y que garantice que estos no sean violados. La institución llamada a cumplir ese oficio es la Defensoría del Pueblo, pero, lamentablemente, los afectados sienten que no reciben adecuada atención ni mucho menos apoyo para enfrentar al poder público a fin de recobrar los derechos que sienten vulnerados.
Frente a esta realidad, corresponde al Defensor rendir cuentas y demostrar si la oficina a su cargo está o no cumpliendo su cometido. No se trata de cuestionar la validez de su existencia, pues dicha institución es absolutamente necesaria. Lo que queremos todos es que sea efectiva, de manera que las ejecutorias en beneficio de la población afligida sean las que le impriman la legitimidad requerida. Confiamos que el Defensor comprenda la importancia de su función social y responda con acierto a esta justa petición ciudadana.