Uno de los primeros actos de gobierno de Martín Torrijos en 2004 –al llegar a la Presidencia– fue eliminar un reglamento que creó la administración de Mireya Moscoso que castraba la Ley de Transparencia, haciéndola inservible. Pero el Presidente también hizo lo propio cuando unilateralmente decidió impedir, obstaculizar o retrasar la divulgación de información concerniente al manejo de las finanzas públicas. De esta forma, para los panameños tener acceso o recibir información oportuna resulta una hazaña casi imposible. Y cuando nos enteramos, es tarde para elevar la voz de alarma por el manejo de nuestros impuestos. Una lástima que la política de este gobierno, en materia de transparencia, no lo ha diferenciado mucho del que lo antecedió. El reto ahora es para la administración Martinelli.