Independientemente de las causas, nada justifica el rompimiento del orden constitucional en Honduras. El presidente elegido por la mayoría de ese país, Manuel Zelaya, ha sido depuesto y desterrado por el Ejército de su país, consumándose así un golpe de Estado.
Aunque el fatídico desenlace político haya sido culpa primaria del propio Manuel Zelaya –quien abrigado por el peligroso reeleccionismo que asoma por el continente, puso a prueba la democracia hondureña imponiéndose al resto de las instituciones políticas de su país–, nada justifica el cuartelazo.
Los demócratas de América estamos llamados a condenar enérgicamente la usurpación trasnochada del poder y exigir el restablecimiento del estado de derecho. Entre tanto, toca el turno ahora a los organismos internacionales y a los Estados americanos, a ver si, finalmente, abandonan las faldas de la retórica y la diplomacia, y hacen imperar la Carta Democrática, que hasta ahora no ha sido más que buena poesía y muy mala prosa.