El gobierno del presidente Martinelli está honrando su promesa de campaña: revisar la criminal práctica de algunos empresarios de apropiarse de bienes del Estado bajo solapadas concesiones que terminan pagando sumas irrisorias, o bien, sin pagar ni un centavo a cambio. Se trata de una modalidad que tiene como protagonistas a una docena de parásitos cuyos atuendos de honorabilidad hace rato dejaron de engañarnos y que han sabido hacer muy buenos negocios a costa del erario nacional.
En la ultima década han contado con la bien remunerada complicidad de altos funcionarios que algún día tendrán que responder por peculado. La discusión en la Asamblea Nacional deberá contener una detallada rendición de cuentas al pueblo panameño, para que se sepa cómo se repartieron nuestros bienes y cuánto han ganado a cambio. Por supuesto que buscarán escudarse en la muy conveniente “seguridad jurídica” como argumento para perpetuar los arreglos de alcoba con los que han desfalcado el patrimonio público. ¡A devolver, entonces, lo que se han apropiado!