Panamá es uno de los principales puertos de intercambio comercial a nivel mundial, pero, además, posee un reconocido, robusto y sólido centro financiero que –enmarcado en una legislación amigable que data de principios del siglo pasado– ha logrado mantenerse incólume frente a descalabros y escándalos financieros en otras latitudes. Ello, junto a nuestra industria de servicios, constituye una importante fuente de divisas que, en adición, le ha granjeado al país el respeto de la comunidad internacional.
Es claro que como parte de una economía global, Panamá no puede aislarse de las corrientes económicas, ni mucho menos postergar el debate sano por mantener un centro financiero seguro y bien regulado. Es obligación del Gobierno cuidar los intereses del país y no rendirse ante las presiones y amenazas con tanta facilidad. Corresponde a las autoridades defender nuestra postura y demostrar que no somos el tan cacareado “paraíso fiscal”, sino que existen reglas y obligaciones que permiten rastrear y monitorear rigurosamente nuestro sistema financiero. Urge una evaluación pausada de las consecuencias reales de ceder apresuradamente a tratados y medidas que pueden tener un impacto desastroso en nuestra frágil economía.