En temas jurídicos hay que tener prudencia, sobre todo en aquellos emanados de los órganos del Estado.
La Asamblea Nacional, apresurada por intervenir en la controversia en torno a la elección del alcalde capitalino, aprobó una resolución devolviéndole los derechos políticos a Bosco Vallarino. Como siempre ocurre cuando se aparta la razón y se trata de imponer por la fuerza una salida, la mayoría legislativa ha revuelto aún más el laberinto jurídico.
Si bien es cierto que la Constitución faculta a la Asamblea a “rehabilitar” los derechos políticos, lo hace para quienes, efectivamente “hayan perdido” dichos derechos. Queda en evidencia, entonces, que Vallarino no estaba habilitado para correr en las elecciones de mayo. Para salvar tan evidente contradicción, la Asamblea ha hecho algo aún más delicado: ha recurrido a la retroactividad, peligrosísima práctica inadmisible en un estado de derecho y que la Constitución –de manera muy excepcional– permite solo en casos de leyes de orden público o de interés social.
Los magistrados deberán estar atentos a que esta “rehabilitación” ni ha sido aprobada por una ley, no atañe al orden público y, siendo personalísima, dista de ser de interés social.