Este gobierno ha tenido que invertir más de un mes –y muy probablemente le tome varios más– enderezar un increíble número de entuertos de funcionarios de pasadas administraciones que se la pasaron haciendo las cosas para su propio beneficio, como el caso de las salas de juego, que ahora tendrán que hacer pagos más justos por sus concesiones, pues hoy resulta evidente que se hicieron regulaciones a la medida para saquear recursos del Estado.
Y es alarmante que el ex presidente Pérez Balladares salga a relucir no solo en este escándalo, sino en otro en el que él y sus allegados también recibieron dinero de una empresa concesionaria del Estado: Ports Engineering & Consultans Corp. (PECC), como si todo esto respondiera a un patrón de conducta. El gobierno cumplió con revertir esta vergonzosa maquinación. Toca ahora a las autoridades judiciales hacer una investigación que revele culpables y montos de la usurpación.