El Club de Yates y Pesca debe tomar una decisión simple: si no puede pagar por ocupar un sitio privilegiado, frente y sobre el mar, adyacente a la cinta costera –y cuyo valor podría fácilmente sobrepasar los 80 millones de dólares–, entonces debe solicitar que le permitan usar otras facilidades por las que sí pueda pagar. Quizás en ese otro lugar le permitan construir esos hangares repulsivos con los que pretende volver a obstruir el derecho de vista de los ciudadanos desde la avenida Balboa.
La postura del ministro Vallarino es de aplaudir, al sobreponer los intereses de todos los ciudadanos del país sobre los de un pequeño grupo de personas que se ha aprovechado, por demasiado tiempo, de un espacio que pertenece a todos los panameños. Su actuar ha dejado al desnudo las bochornosas andanzas del entonces mandamás, Benjamín Colamarco, que fue justificando cada bribonada con electorero apuro y sospechosa complacencia. La ciudad tiene el derecho de rescatar su espacio público y las autoridades, el deber de defender el bien común y velar por el bienestar y la estética del entorno más valioso de la bahía de Panamá.