La corrupción tiene un resultado claro: el enriquecimiento injustificado. Esas fortunas que se pasean en carros de lujo, impresionantes casas en ciudades o playas, barcos, viajes y excesos de todo tipo. Se trata de un delito castigado con penas de 3 a 12 años de prisión y aunque los casos son evidentes, la legislación vigente permite y perpetúa la conocida y escandalosa impunidad. La Ley 59 de 1999, que regula el tema de las declaraciones juradas del estado patrimonial de los principales cargos del engranaje gubernamental, ha creado un inútil depósito de documentos en la Contraloría.
Nadie verifica la veracidad de lo declarado ni investiga la procedencia o legitimidad de tales bienes. Además, la exigencia de la famosa prueba sumaria impide toda investigación. Urge una reforma que puede tener en la fórmula que utiliza la Autoridad del Canal de Panamá el ejemplo a seguir. Allí, las declaraciones de bienes se auditan cada año y los funcionarios canaleros deben explicar sus incrementos patrimoniales. Los últimos ejemplos del “juega vivo” ejercido desde Palacio, evidencia la urgencia de la reforma.