Con la más desvergonzada actitud un grupo de facinerosos, escondidos tras el ropaje de “empresarios”, se ha ido tomando cuanta ventaja pudo para apropiarse de los bienes del Estado. La incautación no conoció límites en montos, en ubicación ni en actividad. Los más aventajados lograron fácilmente que funcionarios corruptos les firmaran cuanta modalidad encontraron para disfrazar de “legalidad” sus fechorías. No faltó el más descarado de los bribones, que desde Palacio se dio a sí mismo el contrato, creyendo que dos sociedades y dos testaferros le servirían de fachada.
Y ahora aparecen los más audaces, que rellenaban a toda marcha y a plena luz del día la costa colonense, sin que el tiempo les diera para conseguir permiso ni concesión. Al calabozo deben ir quienes por centavos se han apropiado de los bienes patrimoniales del Estado. Pero si realmente queremos poner un alto a la corrupción, deben ser llamados a responder todos esos funcionarios cuya misión es, precisamente, la de cuidar de los bienes de los panameños y que, por acción u omisión, se han prestado para tanta vagabundería.