Pocos dolores de cabeza tan grandes enfrenta el Gobierno, como el del transporte público. En la capital de la República, los trabajadores serios y honestos –que los hay– hace rato han quedado rezagados ante una dirigencia chantajista y corrupta que hábilmente ha sabido colarse por cada rendija del poder para, en complicidad con las autoridades, mantener el caos.
Las víctimas fatales han sido los usuarios, los maltratados trabajadores panameños, los estudiantes y jubilados, cuyos escasos ingresos no les ha permitido otra forma de movilización.
Es con ellos, con los más humildes, con quienes esta Nación está en deuda, pues son ellos quienes sufren miserablemente –todos los días– los abusos, las incomodidades, y hasta arriesgan la vida ante ese pacto mafioso de protección bien consolidado entre impresentables líderes transportistas y las autoridades de turno. ¿Hasta cuándo tanto abuso, tanta complicidad y tanta incapacidad? ¿Qué es preciso que ocurra para que Panamá tenga un sistema ordenado, seguro y digno, y la chabacanería sea reemplazada por el respeto a los ciudadanos?