Calles vacías, silencio solo roto ocasionalmente por el ruido de los helicópteros policiales que de vez en cuando sobrevuelan Tegucigalpa, y la vigencia del estado de excepción con lo que eso significa: suspensión de las garantías fundamentales y la militarización del país. Así es descrita la situación en la capital de Honduras, después del sorpresivo regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya, y tras finalizar el violento desalojo de sus partidarios de la sede de la Embajada de Brasil, donde el mandatario ha buscado refugio.
Así, tres meses después de los hechos de violencia que sacaron a Zelaya de la Presidencia y del país, la comunidad internacional sale de su letargo por este nuevo –y ojalá definitivo– capítulo de la crisis política del pequeño país centroamericano donde, de alguna forma, se juega la democracia y la institucionalidad de toda la región. Roberto Micheletti creía ir ganando la batalla del olvido y apostaba por un descenso de la presión exterior tras la elección presidencial de noviembre. Lo sucedido altera esos planes y multiplica el peligro de que el conflicto de poderes en Honduras pueda convertirse en una confrontación de carácter regional. Es preciso evitar un derramamiento de sangre. Es imperativo negociar.