Hace unos días se dijo en estas mismas líneas que no era propio de un estado de derecho que un remedio legal tan esencial como el hábeas corpus, no fuera decidido de forma expedita. En esta ocasión, volvemos sobre el mismo aspecto, pero con otro resultado. El abuso en la presentación de recursos, peticiones, impugnaciones y acciones –por parte de los litigantes– encuentra en esa demora un cómplice silente de mucha efectividad.
Otra vez el caso Cemis enfrenta una excusa adicional para que su reapertura no sea adoptada de manera definitiva. El espécimen es una advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa de uno de los investigados. Hasta tanto los juzgadores de nuestro país –desde los miembros de la Corte Suprema hasta los jueces municipales– comprendan que se deben a sus usuarios y que acusados y acusadores requieren de decisiones rápidas y fundadas en derecho, se seguirá concibiendo esa demora, además de injustificada, como propicio asidero de abusos y fuente de burlas. La sociedad panameña ha aguardado mucho; ya es hora de que este proceso se reabra de una buena vez. Ya no podemos esperar más.