Hace solo unos días, la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia –en un fallo paradójico– declaró legal la detención de Belgis Castro y sustituyó esta por otras medidas cautelares, entre las que se encontraba la casa por cárcel. La paradoja mencionada se exacerbó, al incumplirse la decisión judicial.
Castro no mostró interés en acatar los beneficios otorgados por la mayoría de los miembros de la Corte. Apareció en actividades políticas e incluso en medios de comunicación. Hasta ese momento, nada dijo el Ministerio Público ni la DIJ. Lo sucedido demuestra claramente dos cosas. Por un lado, Castro no tuvo el más mínimo respeto por la institucionalidad ni por las leyes de este país; no está en él cumplir con ellas.
Por el otro, la proclividad de la Corte Suprema, el Ministerio Público y DIJ en otorgar un trato preferente a los involucrados en casos de corrupción. La cuestionable decisión judicial, la indecisión del Ministerio Público y la omisión de la DIJ en este caso, son evidencias de la laxitud con que en nuestro país se afrontan los casos de corrupción. Castro fue arrestado por su imprudencia y osadía, no por la recta observancia de las leyes.