Los niveles de inseguridad causados principalmente por la violencia que se vive en nuestro país, tocan la puerta del sistema de justicia. En esta ocasión como causa generadora de coerción en los jurados de conciencia. Colocarles escoltas mientras funjan como tales, es un precario paliativo. La solución requiere de enervar el pandillerismo de nuestras calles, y para esto es imperativo un esfuerzo interinstitucional. Del lado de los jueces, entender que este flagelo debe ser sancionado ejemplarmente y con todas las implicaciones de la ley.
Por el lado de los fiscales, construir casos de forma completa y organizada, de manera que los tecnicismos jurídicos no tengan espacios. De la policía se demanda servicios eficientes, especialmente de inteligencia, cuyo objetivo sea socavar las bases de esos grupos. La educación no queda por fuera. Los docentes deben pensar en sus alumnos y servir como ejemplo de buenos ciudadanos. Por último, los padres. Sin su concurso no hay forma de impedir que los jóvenes sean atrapados en esas redes de maldad. Se requiere, pues, un movimiento de país.