El proyecto de ley que se ventila en la Asamblea Nacional sobre la declaración jurada de bienes patrimoniales tiene una enorme importancia para los ciudadanos, puesto que estos se convertirán en vigilantes del estilo de vida de muchos funcionarios que no podrían resistir una auditoría que explique cómo es que, sin otra entrada que no sea su salario, un servidor público vive entre el lujo y la opulencia. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia –que consistentemente ha negado su acceso– han sido nefastos para la transparencia.
Sus fallos han sido una verdadera vergüenza, y la consecuencia directa –además de patrocinar ese enfermizo secretismo– es que los magistrados se han convertido en cómplices de esos servidores públicos que no pueden explicar la procedencia de sus nuevas riquezas. Celebramos que ahora se hayan incluido nuevos cargos públicos, pues la vigilancia ciudadana puede ser un buen disuasivo para esos funcionarios que pretenden llenarse los bolsillos a costa de nuestros impuestos. Este ha sido un viejo anhelo de los ciudadanos y esperamos que los diputados aprueben este proyecto de ley, por el propio bien de la clase política panameña.