La extensión de la cinta costera que se lleva a cabo a marcha redoblada tiene su mérito, pero también sus reparos. La contratación se hizo con apremio y sin licitación. La lleva una empresa que, si bien es reconocida profesionalmente, ha dejado tras de sí demasiados acuerdos de recámara para complacer a los gobernantes de turno.
El reciente fallo de la Corte Suprema que concedía pleno acceso ciudadano a la información sobre las obras públicas, luego de las grotescas jugarretas para obstaculizar la transparencia durante la administración Torrijos-Colamarco, es un precedente aleccionador. El Gobierno nacional tiene que proveer, con mayor empeño que antes, toda la información técnica, la justificación de cada uno de los 52 millones de dólares que se están invirtiendo, las proyecciones y planos que permitan una participación genuina de la sociedad en las obras que se hacen en su nombre y que pagan sus impuestos.
Y sobre todo, que podamos sentirnos que semejante inversión dejará una ciudad más amable, de buen gusto y mejor integrada, que saque provecho de la espléndida bahía que nos engalana, sabiendo además que los millones que se gastaron en la obra no se perdieron en el camino detrás de una maraña de sociedades, tal y como hemos presenciado últimamente.