Cuatro meses después de que un comando del Ejército secuestrara y expulsara de Honduras a su presidente, Manuel Zelaya, finalmente parece vislumbrarse el final de una crisis que puso en jaque la estabilidad democrática de la región, polarizando peligrosamente tanto el discurso como la acción de los protagonistas.
Esta nueva etapa pone en manos del Congreso hondureño –con el acuerdo tanto de Zelaya como del presidente de facto, Roberto Micheletti– el diseño de la hoja de ruta a seguir hasta el próximo 29 de noviembre, cuando se celebrarán nuevas elecciones de las que deberá surgir un nuevo Presidente.
El esperado acuerdo parece ser el éxito de ese nuevo talante con el que la administración de Estados Unidos está manejando las relaciones internacionales y que, en este caso particular, significó eliminar los obstáculos que hasta el viernes en la noche se habían resistido a los esfuerzos de la OEA, la ONU y del presidente de Costa Rica, Oscar Arias.
La solución de la crisis política debe dar paso ahora a concertados esfuerzos para atacar lo que, en realidad, constituye el fondo de la crisis: la lacerante inequidad que sufre la región en general, y Honduras en particular.